viernes, 16 de septiembre de 2011

Organización de la educación en el siglo XVIII


De manera paralela al estudio de la educación antigua, según se desprende de las fuentes existentes, y excelentemente expuesto en el libro mencionado en nuestro post anterior, estoy leyendo sobre el origen y desarrollo del moderno sistema educativo español. Para ello me valgo por ahora del libro Educación e ideología en la España contemporánea de Manuel de Puelles (Tecnos, Madrid, 2010). Se trata de una obra sintética que expone los cambios en la política educativa basándose sobre todo en los textos legales y manifiestos de algún intelectual o político relevante. Sobre todo, el autor se basa tanto en proyectos de leyes o reglamentos que no llegaron a entrar en vigor como en aquellas normativas que tuvieron vigencia durante un tiempo. El moderno sistema educativo debe entenderse como una manifestación íntimamente ligada a la historia de la España y Europa de fines del siglo XVIII en adelante. En las polémicas y batallas desatadas en torno al mismo se reflejan las pugnas ideológicas para cuya comprensión habría de echarse mano de obras de pensamiento político e historia de las ideas, así como, por supuesto, estudios sociales y económicos del periodo señalado. El libro de Puelles se limita, sobre todo, a exponer distintas políticas educativas trazadas por los diferentes gobiernos, como digo, a partir de las normativas, aunque alude puntual y someramente a las guerras sociales e ideológicas que subyacen a dichas normativas. Sí resulta claro en su exposición que el sistema educativo contemporáneo responde al surgimiento de una nueva sociedad que a su vez responde al progresivo predominio de la burguesía que busca su lugar restando poder a la nobleza y las instituciones en las que ésta se apoyaba (la Iglesia, por ejemplo). Esto fue la Ilustración, aunque como señala Puelles, en el corto periodo que tuvo influencia en los gobiernos monárquicos (sobre todo con Carlos III) no supuso una alternativa política, un cambio de régimen que desafiara abiertamente el modelo despótico de las monarquías ilustradas. Esto sí llegó a ser un rasgo propio del movimiento político liberal, el liberalismo, cuyo germen en España que constituye el momento al que siempre habrá que mirar para entender el liberalismo, son las Cortes de Cádiz. El liberalismo no dejará de ser, a juicio de Puelles, un movimiento típicamente burgués al que pronto se le achacará desde la izquierda marxista o anarquista su ideal de la reforma política desde arriba (aunque ello irá suavizándose en el liberalismo republicano de la segunda mitad del XIX y otras facciones democráticas de la izquierda liberal) y la no suficiente consideración de los cambios necesarios en la economía para que la libertad y la igualdad en la sociedad sean verdaderamente efectivas. Así, el siglo XIX, si atendemos a los distintos gobiernos, es el siglo del liberalismo que se irá desmembrando en distintas facciones a izquierda y derecha y que producirán todas ellas diferentes formas en el sistema educativo. En el XIX, creo, ya parecen definirse las famosas dos Españas al hilo del surgimiento del liberalismo que desafía al viejo modelo de la España del absolutismo en la que la educación era monopolio de la Iglesia Católica. Ya se ven entonces algunas tendencias y problemas endémicos de la historia española reciente, como es la adscripción de la Iglesia más jerárquica con las fuerzas conservadoras y antiprogresistas, en una defensa de su ancestral papel en la sociedad, la política y la educación española. En la alianza de esta parte de la Iglesia con dichos poderes sociales y económicos, su muy tardía asunción de las ideas liberales y aún peor, de los movimientos de liberación obreros, salvo honrosas excepciones puntuales, puede estar la raíz de su enfrentamiento con los gobiernos más progresistas y que se tiñó tristemente de sangre en el periodo de la II República, ya en el siglo XX. La pugna con el liberalismo será grande y conducirá, a nivel internacional, a su condena por parte de Pío IX. Pero veamos con más detenimiento, y siguiendo la mencionada obra de Puelles, cómo se va perfilando esta lucha que caracteriza a la España contemporánea. Empecemos por un exbozo de la situación en el siglo XVIII de los Borbones.

En el siglo XVIII la sociedad española es claramente estamental. Por eso no tenía lógica plantear un sistema nacional educativo en la enseñanza primaria y secundaria (p. 31). Es la Iglesia la que se ocupa de enseñar a los súbditos y no tanto la monarquía. Sin embargo había un cierto ordenamiento de hecho. La nobleza utiliza preceptores o leccionistas para iniciar a sus hijos en las primeras letras. También “Los ayuntamientos sostienen escasas escuelas primarias, a cargo de maestros ignorantes y mal pagados” (p. 31). La Iglesia mantiene escuelas monásticas anejas a conventos y sin control regio, para los niños de campesinos que pretendan iniciar la carrera eclesiástica. Los pocos maestros existentes se inscriben es un gremio (Hermandad de San Casiano) que es quien verdaderamente controla su labor y los faculta para ejercer. No obstante, un maestro de la época debía dedicarse a varios empleos para subsistir, pues la enseñanza estaba muy mal pagada. 

La enseñanza secundaria como entidad con un fin en sí misma no existe aún. Se trata de una enseñanza puente ofertada por las propias facultades universitarias y que prepara para el acceso a la universidad. Son las llamadas Facultades Menores de Filosofía o Artes que permiten el paso a las Facultades Mayores. Aquí se enseñan profesiones. De manera paralela y sin un fin profesional, existen poderosos colegios religiosos sobre todo de jesuitas y escolapios que imparten una cultura general para jóvenes de familias pudientes y nobles. Hay una red de lo que hoy llamaríamos enseñanza privada de este tipo. 

Así pues, la única institución en el siglo XVIII que imparte una enseñanza más o menos reglamentada es la universidad, pero una universidad propia de la época que iría también transformándose profundamente a lo largo del siguiente siglo XIX. La “guerra” por el control de la educación ha tenido desde entonces, tras el advenimiento de los liberales, un punto álgido en la universidad que se manifestaría en distintas tensiones: centralización, secularización, libertad de enseñanza (de cátedra, de ciencia, de fundar centros aparte de la red estatal una vez que el Estado se ha hecho con el control de la educación oficial). Esta pugna parte de una inicial universidad totalmente bajo el control de la Iglesia en el siglo XVIII, siguiendo la tradición de su origen eclesiástico medieval. Yo he visto, por ejemplo, en una excelente exposición de documentos hace años en Granada, la carta con la que el emperador Carlos V encomienda al obispo competente la fundación y organización de la actual Universidad de Granada. Se trata de la misma institución en la que yo trabajo, pero desde luego ha habido desde entonces cambios tan básicos que uno duda que apenas quede sino el nombre como resto de lo que la institución fue en su origen. Al hilo de las tensiones que vamos a estudiar que suceden en torno a la enseñanza universitaria en el siglo XIX no podremos sino aludir a la peculiar y actualísima “propuesta” que ahora mismo significa el Plan Bolonia.

Así pues, “Desde su nacimiento, las universidades aparecen unidas a la Iglesia, es decir, fundadas y sostenidas por Roma. Las universidades pontificias son, incluso durante la Casa de Austria, autónomas respecto del poder regio. El rey apenas interviene en su creación, regulación o mantenimiento. A lo sumo, envía visitadores para conocer el funcionamiento de estas instituciones” (p. 32). El modelo es el de la universidad pontificia, cuyo paradigma es la de Salamanca. Doctores, profesores y alumnos la componen, bajo la autoridad del Papa. El representante de éste es el canciller, siendo frecuente que el obispo de la diócesis delegue para esto en el maestrescuela de la catedral respectiva. “El canciller concede los grados académicos, preside el claustro y ejerce la jurisdicción universitaria sobre escolares y profesores. Junto al canciller, el rector, segunda autoridad en la universidad y, como tal, encargado de la vigilancia académica” (p. 32). Todavía el cargo de rector no representa la máxima autoridad universitaria, hasta las primeras reformas en una línea ilustrada-liberal.
Junto al modelo de la universidad pontificia (Salamanca), están los poderosos (por su gran influencia) colegios mayores. Son fundaciones de prelados importantes que desarrollan la enseñanza propia de una universidad. Aquí sí es el rector la máxima autoridad. La pugna ideológica y política de los ilustrados se encaminará a un enfrentamiento con estas instituciones de enorme influencia en la universidad y que a su vez mantienen el equivalente a universidades propias (Alcalá de Henares).

Además hay otro tipo de universidades dependientes de municipios (Valencia). Aquí financia la ciudad, aunque su fundación sea del tipo de la universidad pontificia. Hay también un canciller representante del papado, pero “el verdadero dominio corresponde a los representantes municipales” (p. 33). “El Ayuntamiento nombra al rector, a quien paulatinamente irá pasando la jurisdicción académica. El Ayuntamiento provee las cátedras, suministra y controla los fondos, salvo algunas rentas propias de la universidad. Gozan, pues, estas universidades de autonomía respecto del poder regio y eclesiástico, pero dependen del municipio” (p. 33).

La función de la universidad del XVIII será la misma que en la Baja Edad Media: suministrar a partir de las facultades de Teología, Jurisprudencia y Medicina, teólogos, juristas y médicos. Pero esta función a fines del XVIII ya se quedaba corta, pues hacían falta otros estudios que no supusieran el fortalecimiento del poder regio (juristas) o de la Iglesia Católica (teólogos). “Así lo expondrá la real cédula de 1768, iniciando su reforma” (p. 33). Puelles señala el libro conocido como el Barbadiño, del padre Verney, como la obra en la que ya puede leerse esta preocupación por modernizar los planes de estudio. Dice Puelles: “El Barbadiño traza un verdadero plan de estudio de gran calidad pedagógica, recomendando las clases poco numerosas, los métodos activos, la disciplina fundada en la amistad entre profesores y alumnos, proscribiendo, finalmente, los castigos corporales. El libro será objeto de fuertes críticas, especialmente de los jesuitas” (p. 34).

En cuanto a la organización de la carrera, los alumnos ingresan a los doce o catorce años en las Facultades Menores de Arte o de Filosofía. En tres o cuatro años acceden a las Facultades Mayores de Teología, Leyes o Cánones y Medicina. Los graduados en Filosofía lo harán como “maestro en Artes” y los otros como “bachiller” en la disciplina que sea. Ello habilitaba para el ejercicio profesional. Los que continúan estudiando es para impartir docencia en las universidades y obtienen la “licencia” que les faculta para ello. Este último período equivale a una suerte de prácticas docentes. 

“Finalmente, la consecución de los grados académicos no se realiza a través de exámenes por curso, sino escuchando las lecciones, participando en las ‘disputas’ y demás actos académicos, realizándose al final el ejercicio de grado, ejercicio de gran dureza en sus orígenes, pero que desembocó en pura formalidad con la decadencia de las universidades” (p. 34).

Será este modelo educativo expuesto el que va a ser profundamente reformado con los nuevos tiempos. Primero, en un próximo post, estudiaremos brevemente lo que la Ilustración española pensaba al respecto e iniciaremos el periodo de sucesivas reformas que enlazan la ideología ilustrada con el liberalismo del XIX, que acabará pariendo un sistema educativo tal como hoy lo conocemos, es decir, con la pretensión de estar bien reglamentado, de ser universal y gratuito para toda la población, haciendo hincapié, al principio, en la enseñanza primaria.